La Fiscalía pide no juzgar al PP en el caso de los ordenadores de Bárcenas en aplicación de la doctrina Botín

La Fiscalía pide no juzgar al PP en el caso de los ordenadores de Bárcenas en aplicación de la doctrina Botín

Concluye que el borrado de los ordenadores no ha afectado a la “investigación judicial” sobre la financiación irregular del PP o a cualquier otra 

“Los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal alguna”, afirma la fiscal Carmen Luciáñez

La fiscal pide la absolución para la tesorera del partido, su jefe jurídico y el responsable de informática

HEMORETECA: El Partido Popular, primera formación política que se sienta en el banquillo de los acusados

Registro sede PP
Registro de la sede nacional del PP por los ‘papeles de Bárcenas’

La fiscal del caso conocido como ‘ordenadores de Bárcenas’, Carmen Luciáñez, ha solicitado que el Partido Popular no sea juzgado en aplicación de la doctrina Botín. El Ministerio Público no aprecia delito alguno en los hechos investigados y recurre a la doctrina del Tribunal Supremo según la cual no se puede juzgar a quien solo es señalado por las acusaciones populares.

Del resto de acusados, la Fiscalía pide en consecuencia que sean absueltos en el juicio que se va a celebrar por la destrucción de los discos duros que contenían, según Luis Bárcenas, información de la caja B de la formación que preside Mariano Rajoy. 

En un escrito de cuatro páginas, al que ha tenido acceso eldiario.es, la fiscal concluye que los hechos recogidos durante la instrucción “no son constitutivos de infracción penal alguna”. Debido a este caso,  el PP se va a convertir en el primer partido político en la historia de España que se sienta en el banquillo de los acusados.

El Partido Popular ya había recurrido a la aplicación de la ‘doctrina Botín’ y ahora se suma la Fiscalía. Será en las cuestiones previas, celebradas en el arranque del juicio, cuando se plantee ante el tribunal. Entonces, según fuentes jurídicas, éste decidirá si cabe aplicarla o no, aunque también puede resolver al final de la vista.

La jueza Rosa María Freire dictó el pasado diciembre auto de apertura de juicio oral contra el Partido Popular y tres personas físicas en el caso de la destrucción de los ordenadores que Luis Bárcenas guardaba en la sede de Génova.

Freire atribuye un delito de encubrimiento y daños informáticos a la actual tesorera del partido, Carmen Navarro; a su director jurídico, Alberto Durán; y al jefe de informática José Manuel Moreno. Al PP no le puede atribuir encubrimiento porque es una persona jurídica, pero sí el delito de daños informáticos.

Ante la solicitud de la jueza para que cada parte presente sus escritos de conclusiones, la fiscal del caso responde que la instrucción no ha permitido acreditar “cuál era la información que contenían los ordenadores” y que tampoco se ha podido demostrar que la información contenida en un pendrive, que también reclama Bárcenas, “procediera de los citados ordenadores”.

En cuanto a la obstrucción de la investigación de la financiación irregular del PP que habría causado la destrucción de los ordenadores, la fiscal Luciáñez concluye: “No se ha acreditado que dicha información fuera relevante para las Diligencias Previas 275/2008, ni para cualquier investigación judicial”.

“Tampoco se ha acreditado que el borrado ni formateo de los discos duros de los citados ordenadores haya causado daño grave al señor Bárcenas o a ninguna investigación judicial”, ha añadido.

¿Doctrina Botín o Doctrina Atutxa?

La doctrina Botín hace referencia a la sentencia 1045/2007 del Tribunal Supremo por la que el ya fallecido presidente del Banco Santander evitó ser juzgado. Según estableció el fallo del Alto Tribunal, nadie puede sentarse en el banquillo si solo actúa la acusación popular, pero ni el perjudicado directo del presunto delito, ni la Fiscalía ejercen la acusación.

El mismo Tribunal Supremo matizó su doctrina con motivo del caso Atutxa en 2008. Así estableció que, aunque no haya acusación particular, ni la Fiscalía acuse, el procesado se puede sentar en el banquillo si “ el delito afecta a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual”. 

Las acusaciones popular, ejercidas por Observatori Desc, Izquierda Unidad y Adade, consideran que el delito de daños informáticos que se puede atribuir al Partido Popular se hizo en concurso medial con el de obstrucción a la justicia, esto es, que su fin último era esta última tipología delictiva, que sí afecta a la Administración de justicia y, por tanto, al conjunto de los ciudadanos. 

http://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-absolucion-PP-ordenadores-Barcenas_0_734576885.html

La Fiscalía pide aplicar la doctrina Botín al PP y librarlo del caso de los discos duros de Bárcenas

Es el primer partido político que se sienta en el banquillo como responsable penal. Los delitos: daños informáticos y encubrimiento 

El extesorero del PP Luis Barcenas asu llegada al juzgado de Madrid para declarar sobre el borrado de los discos duros de sus ordenadores  en el PP. REUTERS/Andrea Comas

El extesorero del PP Luis Barcenas asu llegada al juzgado de Madrid para declarar sobre el borrado de los discos duros de sus ordenadores en el PP. REUTERS/Andrea Comas

La Fiscalía ha pedido exonerar al PP de la destrucción de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas ya que no ha quedado acreditado cuál era la información que contenían ni que fuera “relevante” en el caso Gürtel y, además, el afectado se ha retirado del proceso.

Para el ministerio público, se debe aplicar la doctrina Botín en este caso. Esta doctrina, emanada del Tribunal Supremo, implica que la acusación popular sólo puede actuar en un asunto cuando afecte el interés general en el caso de que no exista la acusación particular; esto es, la persona directamente afectada por el delito.

Luis Bárcenas se retiró de la acusación por la destrucción de sus ordenadores, cuando fue quien presentó la querella en los juzgados de Madrid a la que se sumaron las acusaciones populares. Los ordenadores destruidos estaban en una sala de juntas de la sede central del PP donde trabajaba tras dimitir como senador al difundirse los papeles con la contabilidad paralela del PP que llevan su nombre.

En su escrito de conclusiones, el ministerio público expone que Bárcenas desistió de ejercer la acción penal por esta destrucción, por lo que ha desaparecido la acusación particular. Y considera que las acusaciones populares carecen de legitimación para pedir la apertura de juicio oral por un delito de daños informáticos, en el que no concurre interés general que proteger.

La Fiscalía entiende que no se ha acreditado el delito de daños informáticos ni el de encubrimiento con el que las acusaciones populares acusan al PP.

El PP será el primer partido político de la historia reciente que se siente en el banquillo como responsable penal por estos delitos, después de que en el año 2012 el gobierno de esta formación introdujera dicha figura jurídica en el Código Penal.

A pesar de la petición de la Fiscalía, las acusaciones populares han solicitado al juzgado de instrucción 32 que lleva este caso que el PP se siente en el banquillo por ambos delitos. Las acusaciones son Izquierda Unida, Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y Observatori de Drets Humans.

Además, la Fiscalía sostiene que el delito de encubrimiento no es aplicable a una persona jurídica como es el PP, sino que la ley sólo prevé que sea aplicable a una persona física.

En su escrito de conclusiones absolutorias, el Ministerio Público recuerda que en la etapa de Bárcenas como tesorero del PP se le adjudicó un despacho en la sede de dicha formación política para su utilización “exclusiva” y “personal”donde guardaba diferentes objetos, entre ellos dos ordenadores personales, cuya propiedad no se ha podido acreditar. Ni su forma concreta de adquisición.

Pese a que le ex tesorero del PP denunció a la formación política de haberse apropiado indebidamente de sus ordenadores, el juzgado de Instrucción número 21 de Madrid le respondió que para realizar una exigencia de tales características antes debía acreditar que los ordenadores eran suyos y que utilizara otra vía para reclamarlos.

Cuando Bárcenas fue interrogado en el marco del procedimiento se desdijo de sus anteriores declaraciones y señaló que en los ordenadores había datos de contabilidad e incluso aportó un pen drive “sin poder precisar en dicha declaración la información que guardaba en el Macinstosh, ya que cambió de disco duro en el mes de octubre de 2012”.

La Fiscalía concluye que no ha quedado acreditado cuál era la información que contenían los ordenadores; no se ha podido acreditar que la información contenida en el pen drive procediera de los citados ordenadores; no se ha acreditado que dicha información fuera relevante paras la investigación del caso Gürtel que realizaba la Audiencia Nacional (Papeles de Bárcenas) y tampoco se ha acreditado que el borrado ni formateo de dichos discos duros de los citados ordenadores haya causado daño grave al extesorero o “a ninguna investigación judicial”.

Se da la circunstancia de que el Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento y archivo de la causa en reiteradas ocasiones por entender que los hechos investigados no revisten relevancia penal.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, dictó el pasado 30 de noviembre la apertura del juicio oralcontra la formación política, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán por los delitos de daños informáticos y de encubrimiento.

La juez instructora señaló en el auto el que dio por concluida la instrucción, del 26 de julio de 2016, que existían claros indicios de que los documentos de Bárcenas fueron eliminados “a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física”.

http://www.publico.es/politica/fiscalia-pide-aplicar-doctrina-botin-discos-duros-barcenas.html

Aportan 21 pruebas que implican a Rajoy en la caja B del PP y los medios callan

foto de Marta Vera.

Aportan 21 pruebas que implican a Rajoy en la caja B del PP y los medios callan

El periodista Pedro J. Ramírez compareció el pasado martes durante más de tres horas en la comisión de financiación ilegal del Partido Popular abierta en el Congreso de los Diputados.

El director de EL ESPAÑOL desgranó minuciosamente ante todos los grupos con representación parlamentaria los detalles que Luis Bárcenas le aportó en una larga reunión que mantuvieron, a petición del extesorero del PP hace cinco años.

Resultado de imagen de LOS MEDIOS INFORMATIVOS ESPAÑOLES CALLAN

Aquella conversación desembocó en un artículo escrito por Ramírez, Cuatro horas con Bárcenas, cuando era director del diario El Mundo. Una información que provocó un auténtico terremoto en el PP y que le costó el puesto en el rotativo.

Al iniciar su comparecencia Pedro J. Ramírez entregó a los miembros de la comisión copia de sus notas manuscritas de aquella conversación. También les repartió dos listados a modo de índice de los asuntos que podía tratar.

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El primero incluía trece “episodios” en los que Bárcenas se refirió al papel de Rajoy en relación con la caja B del PP y el segundo ocho “pruebas e indicios” que la familia Bárcenas le transmitió acreditando esa relación.

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Entre estas pruebas, se refirió al original de la caja B en el período 1997/1999 con siete “anotaciones de pagos a M. Rajoy”. También hizo mención al “tarjetón con resumen de pagos de semestre Mariano” con una cifra exacta: 12.620 euros. El extesorero del PP registró 15 apuntes semestrales relacionados con el hoy presidente del Gobierno de esa cantidad.

Además, Pedro J. Ramírez hizo referencia a los SMS que Rajoy intercambió con el extesorero y con su mujer, Rosalía Iglesias, entre 2011 y 2013. El último mensaje de la discordia, el de “Luis sé fuerte. Mañana hablamos” fue enviado desde el teléfono personal del presidente dos días después de que los medios de comunicación publicaran que el tesorero tenía una cuenta en Suiza.

En el listado también queda reflejado el “trato personal frecuente, como el 50 cumpleaños de Ana Mato”, entre Rajoy y los Bárcenas. El director de EL ESPAÑOL explicó en el Congreso que Bárcenas, Rajoy y otros compañeros como la exministra de Sanidad se trataban como “si fueran una familia”.

Los principales periódicos, radios y cadenas de televisión han ignorado esta noticia a pesar de su relevancia. En cualquier democracia consolidada una acusación, fundada, de tal envergadura contra el Presidente habría precipitado su inmediata dimisión.

Aportan 21 pruebas que implican a Rajoy en la caja B del PP y los medios callan

‘Le Monde’: “Hay pánico en el palacio de la Moncloa”,Eurointelligence ve “olor de derrota” en el Estado ante el independentismo

Nueva legislatura

‘Le Monde’: “Hay pánico en el palacio de la Moncloa”

El Nacional
Barcelona. Sábado, 27 de enero de 2018
1 minuto

Lemonde building

El diario francés Le Monde asegura en su edición de hoy que hay “pánico en el palacio de la Moncloa” ante la posible investidura del president en funciones, Carles Puigdemont. El diario empieza su crónica con esta descripción de la situación en la sede del Gobierno español.

Según el rotativo, no hay nada que parezca poder alterar la voluntad de los independentistas de votar la candidatura de Puigdemont.

Explica la presentación ante el Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno español para suspender el plenario, pero advierte que es una apuesta arriesgada después del posicionamiento contrario del Consejo de Estado.

La apuesta [del gobierno español] es peligrosa“, subraya, y también apunta que “es imposible” asegurar que Puigdemont no esté presente en la eventual sesión de investidura. Le Monde considera que el presidente español, Mariano Rajoy, “está pasando por dificultades”.

https://www.elnacional.cat/es/politica/le-monde-moncloa-panico_233211_102.html

Nueva legislatura

Eurointelligence ve “olor de derrota” en el Estado ante el independentismo

Marc Bleda
Foto: Flickr
Barcelona. Sábado, 27 de enero de 2018
1 minuto

Bandera Unió Europea Flickr

Olor de derrota, o peor, de vergüenza” es lo que se vive dentro del gobierno español según Eurointelligence, uno de los servicios de información y análisis más respetados de Bruselas.

En su última publicación, carga contra el Ejecutivo español por recurrir hasta “al último truco del libro” para intentar que Carles Puigdemont no sea candidato a president en el pleno de investidura del próximo martes.

El titular del artículo ya es toda una declaración de intenciones, “Destruyendo la Constitución para salvarla”, y en este se critica la “desesperación” de Rajoy, que ve como el independentismo se le estaría escapando de las manos.

Eurointelligence repasa los últimos movimientos del gobierno estatal, del que dice que “no se inmuta” ante la negativa que les ha dado el Consejo de Estado sobre la candidatura de Puigdemont. “Ignoran la opinión del Consejo de Estado” y utilizarán el artículo 161 “para su beneficio”, continúa el artículo, para luego explicar que Rajoy y Soraya han decidido dirigirse directamente al Tribunal Constitucional por esta cuestión. El objetivo es evitar lo que más les preocupa: que Puigdemont sea candidato.

Así, “una forma de tomarse la Constitución” por parte del gobierno español que está “asustando” a los expertos en derecho constitucional. La publicación asegura que determinados altos cargos del Estado están “estupefactos” con la situación, y llega a hablar de “fraude constitucional”.

“El gobiernoespañol está forzando la Constitución hasta el punto de romperla, y no por primera vez”, cierra el artículo.

Lemonde building

https://www.elnacional.cat/es/politica/eurointelligence-puigdemont-rajoy-gobierno-espanol_233304_102.html

Las nuevas cloacas de Interior Zoido reconstruye en un año las ‘cloacas’ de Interior con hombres de la ministra Cospedal

Las nuevas cloacas de Interior Zoido reconstruye en un año las ‘cloacas’ de Interior con hombres de la ministra Cospedal

Una serie de jugadas maestras a lo largo del primer año de mandato del ministro del Interior, incluida la remodelación de la cúpula policial con la supresión de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), han colocado al frente de las jefaturas y unidades más importantes a mandos herederos de la ‘brigada política’ que desveló ‘Público’ y fieles a la secretaria general del PP.

El ministro del Interior Juan Ignacio Zoido a su llegada a la Comisión de Interior del Senado, para explicar el operativo policial que se llevó a cabo en Catalunya desde el referéndum del 1 de octubre. EFE/JAVIER LIZÓN

El ministro del Interior Juan Ignacio Zoido a su llegada a la Comisión de Interior del Senado, para explicar el operativo policial que se llevó a cabo en Catalunya desde el referéndum del 1 de octubre. EFE/JAVIER LIZÓN

La guerra en la cúpula del Gobierno del PP entre los sorayos y los cospedalos parece haberse decantado a favor de los segundos, entre ellos el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien en sólo un año ha logrado reconstruir las cloacas con hombres fieles a la ministra de Defensa, según diversas fuentes policiales y jurídicas coincidentes consultadas por Público.

Una larga jugada estratégica con la que María Dolores de Cospedal –que también cuenta en sus filas al ministro de Justicia, Rafael Catalá– ha aprovechado la debilidad de la vicepresidenta a causa de su fracaso en Catalunya para obtener una posición claramente ventajosa en su particular Juego de Tronos con Soraya Sáenz de Santamaría en la cúspide del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El primer movimiento de esta larga maniobra de posiciones se hizo incluso antes de la toma de posesión de Zoido (4 de noviembre de 2016), con un ascenso clave; la combinación decisiva se ejecutó en pleno verano (del 27 al 31 de julio) con la reforma de toda la cúpula de Interior –eliminando la Dirección Adjunta Operativa (DAO) y nombrando por fin nuevo jefe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) tras 16 meses de interinidad–, y culminó durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, con la sorprendente sustitución del responsable de la Comisaría General de Información, encargada de la lucha antiterrorista.

Argüelles, pieza clave de Cospedal en la cúpula policial

Y en cada una de las jugadas de esa compleja estrategia, digna del Arte de la Guerra de Sun Tzu, Cospedal ha ido colocando sus alfiles, caballos y torres en posición de control absoluto del tablero policial. Su pieza más importante es Juan Carlos Ortiz Argüelles, cuyo ascenso meteórico en la Policía viene de la mano de sus contactos con el Partido Popular madrileño del que la hoy ministra de Defensa fue consejera de Transportes e Infraestructuras de la CAM cuando él era jefe de la Unidad de Coordinación Cooperativa y Territorial de Madrid.

Después, Argüelles –como se le conoce en el cuerpo– fue uno de los hombres de confianza de Cospedal durante su gobierno de la Comunidad de Castilla La Mancha, donde Ortiz era Jefe Superior de Policía.

Así que la estratagema cospedaliana arrancó con el fulminante nombramiento de Ortiz Argüelles como máximo responsable de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, con lo que ascendía definitivamente a la cúpula policial. En cambio, el crucial puesto de director adjunto operativo (DAO) no se cubrió hasta cuatro meses después y se escogió para ello a un hombre con fecha de caducidad: Tino Villabona, quien debía jubilarse en otoño.

Pese a su edad, Villabona fue presentado como un renovador que iba a hacer limpieza en una cúpula manchada por la brigada política que montó el anterior DAO, Eugenio Pino, a las órdenes del ministro Jorge Fernández Díaz, y que Público desveló al difundir los audios de las grabaciones secretas de Interior.

El ‘maquillaje’ de Villabona al frente de la DAO

Villabona acometió rápidamente el maquillaje de esa cúpula, disolviendo la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) –que Pino ideó como uno de los instrumentos de los montajes policiales– y destituyendo al comisario Enrique García Castaño –responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO)– cuando Público reveló una grabación en la que hablaba telefónicamente con el jubilado Pino sobre un chantaje al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Casa Real urdido por el excomisario José Villarejo.

Pero simultáneamente se estaban renovando los altos cargos de la Policía con mandos que habían sido de la máxima confianza de Pino o del propio Fernández Díaz, cuyos últimos dos nombramientos como ministro en funciones fueron (el 3 de octubre de 2016) los del ya citado Ortiz Argüelles y del comisario principal Eloy Quirós Álvarez –hasta entonces jefe de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado (UDYCO)– como nuevo comisario general de Policía Judicial, bajo cuyo mando está la UDEF.

De hecho, la dirección de la UDEF permaneció vacante durante bastante más de un año, a pesar de que debería estar encargándose de investigar los grandes escándalos de corrupción que afectan al PP–y por ello la Fiscalía recurría constantemente a la Guardia Civil para las operaciones de casos como Púnica, Gürtel o Lezo–. Hasta que se puso marcha la jugada maestra de Cospedal:

La jugada maestra de la ministra de Defensa

El 27 de julio, Zoido anunció una profunda e inesperada reestructuración de la cúpula de las fuerzas de seguridad que incluía la supresión de la figura del director adjunto operativo (DAO), tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, cargos creados en 2006 durante el mandato de Zapatero. Parecía una nueva fase de la limpieza, al acabar con un cargo desprestigiado por las revelaciones de Público sobre la brigada política, que acababan de ser confirmadas por la comisión de investigación del Congreso creada para desentrañar esa manipulación partidista de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, pronto quedó patente que esa remodelación de las Fuerzas de Seguridad –creando cuatro nuevas jefaturas centrales en la cúpula de Interior– en realidad suponía una mayor politización del control jerárquico de la Policía, ya que “como ya no habrá DAO, los responsables de esas jefaturas centrales despacharán directamente con el director general” (Germán López Iglesias), “sin que exista un jefe intermedio, profesional, como era el DAO”, según explicaron entonces a Público fuentes policiales.

Además, entre los comisarios principales al mando de las jefaturas centrales hay un jefe mucho más poderoso que los otros tres: el que dirige la de Información, Investigación y Ciberdelincuencia, puesto que también controla la Policía Judicial, la Policía Científica, Extranjería y Fronteras… y la Unidad de Asuntos Internos, que vigila a todos los cuerpos policiales. Una jefatura ambicionada hasta el último momento por José Luis Olivera Serrano, actual jefe del Centro de Inteligencia sobre Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO).

Olivera, jefe de la UDEF con las ‘cloacas’, es intocable

Olivera –precisamente uno de los integrantes de la brigada política cuando él era director de la UDEF– no logró ocupar ese puesto porque ya estaba asignado de antemano… precisamente a Ortiz Argüelles, a pesar de que su nombramiento no fue anunciado hasta cuatro meses después de que se creara el cargo. Además, la imagen del jefe del CITCO quedó ensuciada por su falta de colaboración con los Mossos d’Esquadra en la lucha antiterrorista previa a los atentados yihadistas de Las Ramblas y Cambrils, así como por la sospechosa filtración del supuesto aviso previo de la CIA a la policía autonómica catalana.

No obstante, Olivera permanece intocable al frente del CITCO y continúa ayudando al Partido Popular en sus causas de corrupción y produciendo filtraciones muy poco fiables y con objetivos claramente políticos, según aseguran en privado a Público fuentes jurídicas. Como las informaciones nunca confirmadas que acusaron a los Mossos de espiar antes del 1-O precisamente a los dirigentes del PP que participaron en la Operación Cataluña de la brigada política–como Alicia Sánchez Camacho, Jorge Moragas o el propio Fernández Díaz–, a pesar de que hace tiempo que ya no tienen influencia en la política catalana.

El puesto que sí se cubrió en la combinación cospedaliana del verano fue el del nuevo jefe de la UDEF, que recayó en Fernando Moré, quien casualmente fue quien reemplazó al frente de la Comisaría de Barajas al amigo y cómplice de Villarejo–Carlos Salamanca, actualmente también en prisión– cuando tuvo que ser apartado de ese poderoso cargo a raíz de la caída de la mafia china de Gao Ping.

El nuevo jefe de la UDEF es buen amigo de Pino

Moré fue antes comisario en Alcalá de Henares, donde reside el ex DAO Eugenio Pino, y ambos mantenían una estrecha relación cuando el segundo era director adjunto operativo, según fuentes policiales. Su nombramiento como jefe de la UDEF –el 31 de julio, al final de la combinación de movimientos con la que Cospedal dio jaque en Interior– fue protestado vehementemente por los sindicatos policiales, sobre todo el SUP (Sindicato Unificado de Policía), que expresó su malestar por la “falta de transparencia” de esa designación a dedo.

“Esos nombramientos de libre designación, políticamente decididos para recompensar a comisarios principales recién ascendidos y fieles al PP, sin tomar en cuenta criterios profesionales, han marcado el primer año de mandato de Zoido en Interior”, se queja a Público una fuente sindical de la Policía que prefiere no ser identificada. “En realidad, la gestión de Zoido está demostrando ser todavía más politizada y menos profesional que la del propio Fernández Díaz”.

También existe malestar en las Fuerzas de Seguridad por la afición de Zoido a rodearse de su camarilla de amigos sevillanos de cuando él era alcalde de la capital andaluza, como el nuevo responsable de Seguridad Ciudadana y Coordinación, José Antonio de la Rosa–director general de seguridad del Ayuntamiento de Sevilla cuando el hoy ministro del Interior era alcalde de la ciudad–, o el ahora denostado director de la DGT, Gregorio Serrano, que era delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo en el mismo Consistorio.

La guinda ha sido el nombramiento de Castiñeira

Aunque la guinda de todo este pastel ha sido el nombramiento, también a dedo, hace pocos días de Germán Rodríguez Castiñeira como nuevo Comisario General de Información, tras el cese de Enrique Barón, uno de los pocos altos mandos no afectos a Cospedal que quedaban en la cúpula de Interior. Una nueva maniobra ejecutada en fechas festivas que fuentes policiales aseguran a Público que ha sido consumada por el tándem que ya forman Olivera Serrano y Ortiz Argüelles, quien actúa con prácticamente los mismos poderes de que gozaba el anterior DAO.

Pero lo grave de esta última martingala es que Castiñeira es a todas luces el hombre menos indicado –en vista de su reciente trayectoria profesional– para ocupar tan alta responsabilidad antiterrorista. Por ejemplo, como jefe de la Brigada de Información de la capital, dirigió una muy cacareada operación policial contra una supuesta célula yihadista en Madrid y el juez Santiago Pedraz no sólo tuvo que acabar poniendo en libertad a los dos detenidos –que pasaron un mes en prisión sin que al final se les pudiera imputar ningún delito– sino que también criticó duramente las diligencias policiales de Castiñeira. Al final, ni siquiera se pudo verificar si era verdadero o no el kalashnikov que aparecía en un vídeo presentado como prueba de cargo.

Esa desastrosa operación antiyihadista culminó en el ridículo de alarmar a los madrileños con una supuesta amenaza de atentado en la Nochevieja de 2016, que el propio Zoido tuvo que desmentir públicamente. No obstante, Castiñeira fue ascendido por el mismo Zoido al cargo de nuevo Jefe Superior de Policía de Madrid, en la combinación de jugadas del verano pasado, sólo siete meses después del fiasco del falso kalashnikov.

Los ascensos a dedo han causado malestar sindical

Castiñeira también dirigió las operaciones policiales contra los Bukaneros (ultras del Rayo Vallecano) y el grupo antifascista Distrito14, y su Brigada de Información se ocupó del caso de la muerte del hooligan del Deportivo de la Coruña Jimmy (Javier Romero), sin que dos años y medio después se hubiera llegado a identificar a los responsables.

Así que ¿por qué méritos profesionales acaba de ser ascendido al puesto de Comisario General de Información? ¿Por sus “excesos” (así calificados por el juez) en la represión policial de la protesta “Rodea el Congreso”? ¿O por haberse encargado de la detención de Alfon? (Alfonso Fernández, condenado a cuatro años de prisión por el Supremo).

El elevado nombramiento de Castiñeira cierra el círculo de un año de juego de ascensos a dedo que han sembrado malestar entre los sindicatos policiales pero que también han asegurado un dominio absoluto de Cospedal en Interior. Y sin duda la han acercado aún más al Trono de Hierro en La Moncloa.

http://www.publico.es/politica/nuevas-cloacas-interior-zoido-reconstruye-ano-cloacas-interior-hombres-ministra-cospedal.html

‘The Guardian’ sitúa a Dastis entre los dirigentes “autoritarios” del mundo

 

dastis efe

Nicolás Maduro, Bashar al-Assad… y ni más ni menos que el ministro de Exteriores español Alfonso Dastis. Estos son los líderes políticos “autoritarios” del mundo que Donald Trump habría alimentado desde que es el abanderado de las fake news (o noticias falsas), según publica The Guardian.

La noticia viene a raíz de los premios a las fake news que el presidente norteamericano se ha inventado y ha entregado recientemente, y en los que han salido galardonados los principales medios de los Estados Unidos.

Para The Guardian, que Trump defienda que cualquier noticia negativa contra él es falsa ha dado “una nueva arma” a dirigentes políticos de otros países para justificar “atrocidades y abusos contra los derechos humanos“.

En la lista, se encuentra el ministro de Asuntos Exteriores, Alonso Dastis, que ha salido escaldado a raíz de la violencia del referéndum del 1 de octubre.

En ese momento, el titular de Exteriores dijo a la BBC que algunas imágenes de aquel día “eran falsas”, pero The Guardian deja claro que los vídeos de “policías golpeando a la gente que intentaba votar” existen.

Los ‘compañeros’ de Dastis

Entre los otros líderes autoritarios supuestamente alimentados por Trump, se encuentra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ha sido criticado “por todo el mundo” por “asaltar” las libertades democráticas del país.

También Bashar al-Assad, presidente de Siria, que ha sido el responsable “de algunos de los peores abusos de derechos humanos en la historia moderna”.

Completan la lista el gobierno de Myanmar, los medios de comunicación públicos de China y el ministerio de Asuntos exteriores de Rusia.

Mireia Boya CUP Sergi A.

Nueva legislaturaEl toque de Mireia Boya a Joan Tardà El Nacional

https://www.elnacional.cat/es/politica/the-guardian-dastis-autoritario_233502_102.html

Verstrynge asegura que Puigdemont teme ser asesinado si vuelve a España,No quiere volver “si no le dan garantías de que no se va a caer por la ventana”

Verstrynge asegura que Puigdemont teme ser asesinado si vuelve a España

No quiere volver “si no le dan garantías de que no se va a caer por la ventana”

Jorge Verstrynge

Jorge Verstrynge EFE

El profesor Jorge Verstrynge, que se ha reunido recientemente con Carles Puigdemont en Bruselas, ha afirmado en una entrevista en el programa de La Sexta ‘Al Rojo Vivo’ que el expresident teme por su vida.

“Tiene reticencias de volver porque él piensa que corre un riesgo vital” explicó Verstrynge a Antonio García Ferreras. El profesor ha señalado que, dado el “ensañamiento con el que se le persigue y se le insulta”, Puigdemont no quiere volver a España “si no le dan garantías de que no se va a caer por la ventana”. “Jorge, imagínate lo fácil que es llevarse a un señor por delante y luego cuando llega la autopsia decir que ya lo han cremado y que es un poco tarde” afirma el profesor que le dijo Puigdemont durante su reunión.

Afirma que Puigdemont teme ser asesinado, pero “no forzosamente por la Policía”. Asegura que el expresident sabe lo “fácil que es deshacerse de un personaje” después de haber tenido acceso durante su mandato a los servicios de información de los Mossos d’Esquadra.

Puigdemont peleará hasta el final por un “estado soberano catalán dentro de un estado confederado”

Verstrynge asegura que vio al expresident “muy fuerte y muy equilibrado”, y ha afirmado que es un hombre “incorruptible” y “mucho más moderado de lo que nos lo pintan”. “Él está mentalizado de que en España se tiene que producir una restitución de las instituciones catalanas. Esta es su finalidad en la vida, y va a pelear por ello hasta el final” explica el profesor. “Él es insobornable con respecto a lo que cree que debería ser un estado soberano catalán dentro de un estado confederado”.

También ha arremetido contra el Gobierno y los miembros del poder judicial, a quien ha tachado de “locos”. “Nos están llevando a un colapso. No conozco personajes más curiosos que los abogados del Estado, la proporción de tontos entre ellos es altísima” ha sentenciado.

Fuente: Vox Populi

El Mayor Jose Luis Trapero jefe de los Mossos d´Escuadra tacha de chapuceros y descontrolados al Gobierno Español, a la Guardia Civil y a la Policía en su relato del 1-O

Trapero tacha de chapuceros y descontrolados al Gobierno, a la Guardia Civil y a la Policía en su relato del 1-O

El exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, con Carles Puigdemont y Jordi JanéEl mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, con Carles Puigdemont y Jordi Jané

El mayor de los Mossos destituido Josep Lluis Trapero no sólo no acepta ni el más mínimo fallo en la actuación de los Mossos el 1-O, sino que realiza una descripción de la Policía Nacional, Guardia Civil y del propio Gobierno de auténticos chapuceros y cuerpos e instituciones carentes de la más mínima profesionalidad y control.

Lo plasma en el informe personal trasladado ya a la Justicia -tras la querella presentada por Vox- y al que ha tenido acceso OKDIARIO. Un relato en el que culpa a la Secretaría de Estado de Seguridad, al sistema de coordinación de las policías establecido por Pérez de los Cobos y al descontrol de los cuerpos de la Benemérita y Policía de todo lo ocurrido.

Trapero habla de fallos en los sistemas informáticos, de problemas con el software, de incompatibilidades entre ordenadores, de reuniones a las que supuestamente no acudían los representantes nacionales, de actuaciones de la Guardia Civil y Policía sin comunicar ni coordinar con nadie y totalmente improvisadas. Y de todo culpa a los agentes nacionales enviados a Cataluña y a los encargados del Gobierno de evitar la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Esa es la descripción que realiza a lo largo de un extenso informe en el que rechaza cualquier acusación de omisión del deber para, acto seguido, señalar que las movilizaciones de los votantes fueron pacíficas y que, de hecho, cualquier actuación policial adicional a las suyas podía provocar una ruptura del ambiente pacífico que, según él, se vivió.

La escasez de Mossos en los colegios, culpa de Interior

Trapero empieza responsabilizando al dispositivo de la Secretaria de Estado de Seguridad que comanda José Antonio Nieto de la ausencia de Mossos. Lo hace de forma indirecta, afirmando que “en todas las reuniones que se produjeron las informaciones que se compartieron iban en el mismo sentido: habría una alta movilización ciudadana de aspecto pacífico”, factor por el que, según él, se decidió el número de agentes de los Mossos –claramente escaso– que controlaron los colegios.

Por ello, según el informe del ex mayor, “el cuerpo de Mossos d’Esquadra desarrolló su dispositivo ajustándose a los criterios que se habían definido y preestablecido en las reuniones de coordinación”, reuniones que comandaba el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos.

Trapero tacha de chapuceros y descontrolados al Gobierno, a la Guardia Civil y a la Policía en su relato del 1-O

Pero, según Trapero, a partir de ahí hubo “un aplicativo informático” que fallaba; unos envíos de información “que no llegaba a las sedes [de la Delegación del Gobierno] sino directamente a las dependencias de la Secretaria de Estado de Seguridad, en Madrid”, lo que suponía una “disfunción”; un mecanismo de enorme lentitud porque “las incidencias se tenían que enviar una a una”; negativas a las “solicitudes de habilitación” para corregir los problemas; “errores” en los envíos de las “listas de los centros de votación”; “desconocimiento” de lo que ocurría por el coordinador; y “reuniones de seguimiento fijadas a las que no acudieron los mandos de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional”. Y todo, según Trapero, por supuesto, por culpa del Gobierno y las fuerzas policiales nacionales.

Trapero tacha de chapuceros y descontrolados al Gobierno, a la Guardia Civil y a la Policía en su relato del 1-O

Todo mientras, eso sí, “en la mayor parte de los centros había una gran cantidad de personas concentradas bloqueando los accesos a los centros de votación” pero “su actitud era pacífica y ante los requerimientos de los agentes policiales su actitud siguió siendo pacífica […]”, destaca Trapero mientras se cometía una infracción masiva de los mandamientos judiciales y del orden constitucional.

Chapuceros y carentes de profesionalidad

Pero, quizás, el ataque más directo es el que realiza a las intervenciones de la Policía Nacional y Guardia Civil. Porque tras tachar a todo el dispositivo del Gobierno de chapuza y de carente de profesionalidad, acusa a las fuerzas policiales nacionales de actuar descontroladas, sin la más mínima comunicación y coordinación.

Trapero tacha de chapuceros y descontrolados al Gobierno, a la Guardia Civil y a la Policía en su relato del 1-O

Así, señala: “Se produjo una reunión entre el mayor del CME [Mossos] y el Director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad en la sede del TSJC, en la que se acordó que a la vista de la dinámica de las actuaciones que se estaban observando por parte de la CNP (Policía Nacional) y GC (Guardia Civil) que respondían a los criterios de coordinación que se habían establecido, el CME (Mossos) ya no haría ninguna petición más de apoyo […]”. Es decir, que culpa del parón de actividad a una supuesta actuación descontrolada de los agentes nacionales.

Trapero tacha de chapuceros y descontrolados al Gobierno, a la Guardia Civil y a la Policía en su relato del 1-O

Las acusaciones son graves. Y a todas ellas tendrá que responder el propio Pérez de los Cobos, que comparece ante el Tribunal Supremo esta próxima semana.

https://okdiario.com/espana/2018/01/27/josep-lluis-trapero-tacha-chapuceros-descontrolados-gobierno-guardia-civil-policia-relato-del-1-o-1747914

La confesión del exsecretario general del Partido Popula Ricardo Costa: “El PP se financió con dinero negro por orden de Camps”

Ricardo Costa: “El PP se financió con dinero negro por orden de Camps”

La confesión del exsecretario general del Partido Popular en Valencia.

Spanish Popular Party (PP) leader Mariano Rajoy (L) and Valencian President Francisco Camps (R) wave at a party election meeting at the bull ring in Valencia on March 6, 2008. Spain’s Socialist Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero, wary that overconfidence could hand his conservative rival a surprise win, urged his supporters to turn out in high numbers in weekend elections. Zapatero has sought to downplay his party’s chances after opinion polls showed Spaniards felt he trounced the leader of the conservative opposition Popular Party (PP), Mariano Rajoy, in the second of two televised debates on March 3. AFP PHOTO/DIEGO TUSON (Photo credit should read DIEGO TUSON/AFP/Getty Images)

Redacción El HuffPost
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“Mi objetivo es contar la verdad, colaborar con la Justicia. Quiero explicar con todo detalle el sistema de financiación en 2007 y 2008”. Así de claro ha sido Ricardo Costa, el que fuera secretario general del PP valenciano, al comenzar su declaración en el juicio que se sigue contra la rama valenciana de la trama Gürtel.

Y ha sido aún más cristalino al señalar a Camps, expresidente de Valencia, como responsable de la financiación ilegal: “La decisión de encargar la campaña a Orange Market se produce directamente por el presidente Camps”.

Orange Market es la empresa que organizó las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. Además, ha asegurado que fue él, junto con el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, los que ordenaron que el PP se financiase “con dinero en negro” para poder sufragar estos comicios.

GRAF6396. VALÈNCIA, 24/01/2018.- El expresident de la Generalitat Francisco Camps a su salida del Consell Juridic Consultiu en la que ha negado “rotundamente” que haya habido financiación ilegal en el PP valenciano que él presidió, así como haber dado órdenes para que se cometiera ninguna ilegalidad en este sentido.EFE/ Kai Forsterling

“Sí, es cierto que los actos de la campaña electoral de 2007 con aportaciones en efectivo de los empresarios”, ha dicho Costa sin titubear.

“Soy consciente de lo que estoy diciendo, de las repercusiones que esto va a tener en mí, en mi familia”, ha dicho Costa al final de su confesión y antes de someterse a las preguntas de la Fiscalía.

“No he denunciado este tipo de actuaciones durante múltiples años de servicio público, y para terminar y someterme a las preguntas del ministerio fiscal, quiero declarar y manifestar mi arrepentimiento y pedir perdón a la sociedad valenciana y española, y en particular a mi familia que sé que va a sufrir consecuencias de todo esto”, ha añadido acto seguido.

“La decisión de encargar la campaña a Orange Market se produce directamente por el presidente Camps

Durante su alegato al comienzo de su declaración, Costa ha enumerado varios actos de campaña del PP valenciano financiados gracias a la aportación de empresarios y al final de cada uno de ellos ha reconocido que omitió su “deber de denunciarlo” y ha afirmado que está dispuesto a asumir las consecuencias.

“Después de esta declaración, con los hechos nuevos que he aportado, estoy de acuerdo con los hechos de los que me está acusando el ministerio fiscal”, ha acabado diciendo.

La Fiscalía pide 7 años y 9 meses de cárcel para Costa, que fue secretario general del PP de Valencia de 2007 a 2009 y exportavoz en la Cortes Valencianas. Fue juzgado en Valencia en la causa por los trajes que Gürtel regaló a Francisco Camps y resultó absuelto tras ser declarado no culpable por un jurado.

DOS VÍAS DE FINANCIACIÓN: UNA LEGAL Y OTRA ILEGAL

Costa ha dicho que las campañas del PPCV en 2007 y 2008 se financiaron a través de dos vías: la primera, con las subvenciones públicas que tienen asignadas todos los partidos con representación parlamentaria; la segunda, “con aportaciones en efectivo de empresarios que tenían adjudicaciones con el Gobierno valenciano”, de modo que “es cierto que el PPCV se financiaba con dinero negro”.

Y a raíz de lo también declarado en el juicio por el que fue responsable de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, que apuntó hacia un escalón más alto al citar a Francisco Camps como el exdirigente que instauró este sistema, Costa lo ha confirmado asegurando que “las decisiones más importantes” sobre las campañas las tomaba el expresidente en su condición de líder del PPCV y candidato a la reelección.

EFE

De izda a dcha: Álvaro Pérez Alonso ‘El Bigotes’, responsable de la empresa Orange Market; Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, y Francisco Correa, empresario y ‘cabecilla’ de la trama, durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia

GRAF2297. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID), 15/01/2018.- (De izda a dcha) Álvaro Pérez Alonso ‘El Bigotes’, responsable de la empresa Orange Market; Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, y Francisco Correa, empresario y ‘cabecilla’ de la trama, durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia a través de la trama Gürtel. EFE/ Fernando Alvarado ***POOL***

Según Costa, fue Camps, junto con el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, los que ordenaron que el PPCV se financiase “con dinero negro” para poder sufragar los actos. Y sobre la contratación con Orange Market, ha precisado que también fue decisión de Camps: “Me lo comunica el señor Pérez, aunque después hubo una comunicación oficial por los cauces del partido”.

Costa ha remarcado que ninguna de estas decisiones fue aprobada por el partido: “No se aprobó por ningún órgano de partido que se contratase con Orange Market ni ningún presupuesto. Cada acto tenía un coste y los responsables de Orange Market hicieron sus cuentas y el coste se supo al final. No me extrañó, pero no era el procedimiento establecido en los estatutos”, ha explicado.

“Quiero declarar y manifestar mi arrepentimiento y pedir perdón a la sociedad valenciana y española

Según señala el escrito de acusación de Anticorrupción, el PPCV pagó a Orange Market 3,4 millones de euros en actos electorales y otro eventos entre 2007 y 2008. En relación con las campañas, la formación política abonó 2,03 millones de euros, de los cuales 1,2 millones cargaron a los empresarios.

LOS FUEGOS ARTIFIALES, PAGADOS EN NEGRO

En el relato de esas campañas, Costa ha mencionado uno de los actos electorales más conocidos: el de la plaza de toros de Valencia en 2008, con Mariano Rajoy como candidato a La Moncloa. En este acto, y por “petición expresa” de Camps, el PPCV pagó con dinero negro “complementos” como fuegos artificiales, una banda de música o pantallas.

 

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Rajoy y Camps en la plaza de toros de Valencia el 6 de marzo de 2008

A lo largo de su declaración, y según iba relatando hechos concretos en los que él conocía y participaba de este sistema de financiación irregular de su partido, Costa ha admitido que no lo impidió, que omitió su “obligación de denunciarlo” y está dispuesto a asumir su “responsabilidad”.

Es más, al finalizar su exposición, el acusado ha mostrado su “arrepentimiento”, ha pedido “perdón a la sociedad española y valenciana” y también a su familia, por las “consecuencias” que van a sufrir tras su confesión. También ha dicho que nunca se lucró con las irregularidades relatadas y que está de acuerdo en la pena que la Fiscalía pide para él, siete años y nueve meses por tres delitos electorales y uno de falsedad de documento mercantil.

 

“Es cierto que el Partido Popular de Valencia se financiaba con dinero negro

Según Costa, él tuvo conocimiento de este sistema de financiación irregular en 2005 y que ya fue en 2007 cuando el exvicepresidente valenciano Víctor Campos le comunicó que tanto Camps como Cotino le habían encargado “tener relaciones con los empresarios que financian al partido”, mostrándole sobres con dinero en efectivo.

Esto ocurrió antes de la campaña electoral de las municipales y autonómicas de 2007 y, según Costa, se quedó “tan preocupado” que se desplazó a la sede nacional del PP en Madrid, donde el entonces gerente, Luis Bárcenas, le contestó que esa forma de financiación era una “práctica prohibida en el PP porque sería un ‘Filesa 2′”, por lo que Costa volvió a Valencia y se lo comunicó a Campos para que éste informase también a Camps.

MANDÓ A ‘EL BIGOTES’ A LA VICEPRESIDENCIA

Al finalizar la campaña de 2007, ha explicado Costa, ‘El Bigotes’ le dijo que la deuda del PPCV con Orange Market rondaba el millón de euros, pero el partido no disponía de esa cantidad, por lo que se lo comunicó a Campos, quien al cabo de un mes le devolvió la llamada para decirle que ya disponía de “algo de dinero en efectivo de los empresarios”. Costa envió a ‘El Bigotes’ a la Vicepresidencia de la Generalitat para recogerlo.

En esa llamada, el exvicepresidente también le comunicó que iba a dejar el cargo y que a partir de entonces lo ocuparía Vicente Rambla. A juicio de Costa, Campos sufría mucha presión por la gestión de todas estas irregularidades y que éste fue el motivo por el que sufrió un infarto y acabó dejando la política.

Ese mismo verano se volvió a repetir el sistema de financiación descrito por Costa, ya con Rambla como vicepresidente, quien le comentó que había hablado con Álvaro Pérez y le pidió que fuese a “recoger unas cantidades en efectivo a empresas”, concretamente tres sobres: 150.000 euros de Rover Alcisa, 15.000 euros de Secopsa y 350.000 euros de Enrique Ortiz. A continuación, citó al ‘número dos’ de Gürtel, Pablo Crespo, para entregarle todo este el dinero, por lo que así “quedó saldada la deuda de la campaña”.

A cambio de todas estas gestiones, Costa ha reconocido la entrega de un reloj de la marca Breitling por parte de ‘El Bigotes’, pero ha asegurado que lo rechazó. De hecho, ha señalado que Álvaro Pérez le comentó que estaba “muy extrañado” de que en el PPCV no hicieran “ninguna petición” a cambio de adjudicar trabajos a Orange Market.

“GASTOS DE PRENDAS DE VESTIR” DE CAMPS

No obstante, en otro momento ha relatado otro episodio en el que, según su versión, la trama de corrupción pagó “gastos” a Francisco Camps. Costa ha indicado que en una reunión con Pablo Crespo y ‘El Bigotes’ le preguntaron si una de las empresas de la trama podía emitir al PPCV una factura por valor de 20.000 euros para “pagar gastos de prendas de vestir” del presidente, lo cual a Costa le pareció “desproporcionado”.

Mientras que la campaña de las elecciones autonómicas corre a cargo del PPCV, Costa ha explicado que las municipales son “exclusivas” de la dirección general, pues es la que hace las “transferencias de dinero público” -las subvenciones que recibe como partido con representación parlamentaria- a las sedes provinciales para que organicen sus actos.

“Camps: Cuando yo era presidente nadie podrá decir jamás que yo dijera que se hicieran las cosas fuera de la legalidad

Sin embargo, ha señalado que eventos electorales en “diversos municipios fueron pagados mediante facturas a empresarios o aportaciones en efectivo”, y ha puesto los ejemplos concretos de Alicante, Castellón o Elda.

LA VERSIÓN DE CAMPS

El expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha querido contestar a las pocas a las duras declaraciones de Costa. Ha asegurado que es “dolorosísimo” ver a quienes fueron sus colaboradores en el banquillo de los acusados y ha insistido en varias ocasiones en que “el derecho a la defensa no da derecho a la ofensa”, en alusión a la declaración de hoy de Costa. Ha añadido que le parece “inexplicable” que ahora se le mencione durante el juicio.

“Sin hechos concretos, porque no los hay, porque jamás he dado ninguna orden para que se cometiera ninguna ilegalidad”, ha señalado para reconocer a continuación estar “sereno, pero enfadado”, y negar “absolutamente” los hechos que se le atribuyen desde el pasado viernes, primero por los líderes de la trama Francisco Correa y Álvaro Pérez el Bigotes y este miércoles por Ricardo Costa.

“Cualquier persona que reciba una orden o una indicación que considere irregular tiene dos opciones: O no hacerla, o dimitir o ponerla en conocimiento de judicatura”. “Esto no tiene ni pies ni cabeza, en absoluto (…). Tengo un enfado profundo y muy serio, muy sereno, y una negación absoluta de cualquier tipo de actitud que se relacione con lo que hemos escuchado esta mañana”, ha repetido.

“Ningún empresario podrá decir que haya recibido una indicación o señal para hace ningún tipo de aportación al PPCV cuando yo era presidente ni nadie podrá decir jamás que yo dijera que se hicieran las cosas fuera de la legalidad. Yo tenía mis competencias, que no eran pocas, ser presidente de la Comunitat y del PPCV. Tenía mi trabajo y mi esfuerzo”.

A preguntas de los periodistas, Camps ha afirmado que comió con Costa y otros antiguos cargos del PP valenciano hace aproximadamente un mes y que “en ningún momento contó nada de lo que ha contado hoy”.

“Había unos diez testigos, estuvimos tres o cuatro horas hablando del partido y de la Comunitat. Le dimos apoyo. Ninguno de los comensales podía imaginar las declaraciones de hoy”, ha agregado Camps, quien no ha vuelto a hablar con Costa desde entonces, según ha asegurado.
http://www.huffingtonpost.es/2018/01/24/ricardo-costa-el-pp-se-financio-con-dinero-negro-por-orden-de-camps_a_23341997/?utm_hp_ref=es-homepage

El jurista Joan Queralt :”Puigdemont no tiene suspendido ni limitado ningún derecho-“El exletrado del TC Joaquín Urias considera “fraude de ley” la impugnación de la investidura

NUEVA LEGISLATURA

Queralt: “Puigdemont no tiene suspendido ni limitado ningún derecho”

David González
Foto: E.N.
Barcelona. Jueves, 25 de enero de 2018
2 minutos

Queralt - Captura Parlament

El jurista Joan Queralt ha replicado los argumentos de la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, para justificar la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la candidatura de Carles Puigdemont a la investidura. Según Queralt, el presidente catalán “no tiene suspendido ni limitado ningún derecho”.

Queralt, catedrático de Derecho Penal de la UB, no ve base constitucional para impugnar la propuesta del president del Parlament, Roger Torrent, para que Puigdemont sea investido. “Tengo la impresión de que se sustituye el principio de legalidad por el principio de necesidad”, ha afirmado en su cuenta de Twitter, donde tilda de “torpedo a la línea de flotación del Estado de Derecho” la decisión del gobierno español.

Por el contrario, Santamaría ha explicado en conferencia de prensa que, por el hecho de que sobre Puigdemont, exiliado en Bruselas, pesa una orden de detención al Estado español, y que sería detenido en cuanto retornara, no puede presentarse a la investidura. Puigdemont es diputado por Barcelona como número uno de la candidatura de Junts per Catalunya en las elecciones del 21-D.

Puigdemont se estableció en la capital comunitaria, junto con 4 consellers más de su gobierno, cesado por Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155, sin que pesara todavía ninguna orden de detención contra él por los delitos de malversación, sedición y rebelión. Posteriormente, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena renunció a las órdenes europeas de detención que había cursado España.

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Antich ok - Sergi Alcàzar

EditorialDesde Bruselas José Antich

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OpiniónZhong Zhong y Hua Hua Gemma Marfany

https://www.elnacional.cat/es/politica/queralt-puigdemont-investidura_232530_102.html

Nueva legislatura

Un exletrado del TC considera “fraude de ley” la impugnación de la investidura

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Foto: Efe
Barcelona. Jueves, 25 de enero de 2018
1 minuto

Tribunal Constitucional EFE

El exletrado del Tribunal Constitucional (TC) y titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Joaquín Urias, ha considerado “fraude de ley” la intención del Gobierno español de impugnar la candidatura de Puigdemont a la presidencia de la Generalitat que ha anunciado este jueves la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Por medio de un tuit, el exletrado del TC ha tildado de “desvergüenza” el anuncio de la vicepresidenta, porque considera que el ejecutivo de Rajoy “no tiene ningún argumento jurídico para impugnar la candidatura de Puigdemont”, y por lo tanto, si lo hace es para que “el TC la suspenda y hacerla imposible”.

https://www.elnacional.cat/es/politica/exletrado-constitucional-fraude-ley-impugnacion-investidura_232617_102.html

El Col·lectiu Praga anuncia querellas contra quien vete a Puigdemont,Rajoy ignora al Consejo de Estado y recurrirá la investidura de Puigdemont

Nueva legislatura

El Col·lectiu Praga anuncia querellas contra quien vete a Puigdemont

El Nacional
Foto: Sergi Alcázar
Barcelona. Jueves, 25 de enero de 2018
1 minuto

portes obertes debat juristes / Sergi Alcàzar

El Col·lectiu Praga ha anunciado que se están preparando querellas contra “los que participen” en la presentación del recurso al Tribunal Constitucional contra la candidatura de Carles Puigdemont a la investidura. Según este colectivo de juristas favorables al derecho a decidir, los promotores de este veto incurren en el delito de prevaricación, y vulneran el artículo 542 del Código Penal.

Este artículo señala que la autoridad o el funcionario público que, sabiéndolo, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público por el tiempo de uno a cuatro años.

Según el Col·lectiu Praga, la decisión del president del Parlament, Roger Torrent, de proponer a Puigdemont como candidato a la investidura “no es recurrible”.

En el tuit, donde dice artículo 452 debe decir 542.

https://www.elnacional.cat/es/politica/col-lectiu-praga-querellas-veto-puigdemont_232584_102.html

Rajoy ignora al Consejo de Estado y recurrirá la investidura de Puigdemont

Estefania Molina
Foto: Efe
Madrid. Jueves, 25 de enero de 2018
2 minutos

Mariano Rajoy - EFE

El presidente Mariano Rajoy ignora al Consejo de Estado y recurrirá este viernes la candidatura a la investidura como president de la Generalitat del cabeza de lista de Junts per Catalunya Carles Puigdemont, según ratificaron fuentes del Ejecutivo. La noticia llega después del revés a Rajoy de parte de la máxima institución consultiva en cuestiones relativas a la maquinaria legal española. Los miembros de la institución han dictaminado este jueves que “no hay fundamentos para la impugnación” de que Puigdemont se convierta en candidato a president, en la sesión convocada el próximo 30 de enero, como preguntaba la Moncloa.

La cuestión es que si el Tribunal Constitucional admitiese a trámite –puede rechazarlo– el recurso aprobado mañana por Consejo de Ministros, este cursaría con suspensión inmediata de la posibilidad que Puigdemont sea presidente –una prerrogativa que sólo tiene el poder ejecutivo. Así pues, habría que esperar a que el Alto Tribunal se pronunciara sobre el fondo del asunto para resolverlo. El resultado, si bien, no tiene por qué ser el de la la nulidad de la investidura, aunque cuando hubiera fallo podría ser que ya se hubiera pasado el plazo máximo para la sesión.

Ante ese escenario, fuentes del Gobierno recuerdan que el veredicto del Consejo de Estado es preceptivo –no vinculante. Tras recibir el informe insisten en que este “avala los argumentos jurídicos planteados por el ejecutivo, pero discrepan sobre el momento temporal del hacerlo”, explican. Pese a que en el caso de la investidura de Puigdemont no los reconoce, la institución estatal sí avala que los diputados en Bruselas no puedan delegar el voto. El Consejo de Estado también rechaza que sea posible hacer una investidura no presencial –telemática o a distancia.

Si bien, en el Consejo de Estado hay un elenco de personalidades de prestigio: ex presidentes del Gobierno de España, los directores o presidentes de la Real Academia Española, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Real Academia de la Historia, Consejo Económico y Social, el fiscal general del Estado –quien ha tomado posesión este mismo jueves, Julián Sánchez Melgar–, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el gobernador del Banco de España, el director del Servicio Jurídico el estado y los presidentes de la Comisión General de Codificación y de la Abogacía…

Fuentes del ejecutivo explican que la decisión de impugnar era conocida por el Partido Popular y el PSC; fuentes socialistas añaden que también la conocía el secretario general del PSOE Pedro Sánchez –que había dado su apoyo a Rajoy. Nadie habló de Ciudadanos. El hecho es que el criterio del presidente ha cambiado: si la semana anterior se pretendía esperar a que Torrent publicara el escrito donde reconocía la necesidad de utilizar medios telemáticos –que facilitaría un recurso inmediato al TC, al no ser reglamentario– esta vez el Gobierno quería poner todas las trabas ex-ante.

https://www.elnacional.cat/es/politica/rajoy-consejo-estado-puigdemont_232698_102.html