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¿Por qué en España no se juzga la apología del franquismo?

¿Por qué en España no se juzga la apología del franquismo? Cada una de las miles de calles bautizadas con nombres de generales, capitanes o coroneles franquistas hacen, diariamente, apología del régimen dictatorial y criminal que gobernó España durante casi cuatro décadas. Cada una de las banderas franquistas exhibidas en manifestaciones como la que blandieron miembros de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, a finales del pasado mes de mayo en Barcelona, ensalzan una ideología responsable de la muerte y desaparición de cientos de miles de personas. Muchos grupos de ideología franquista, pero incluso ayuntamientos democráticos como el del pueblo toledano de Guadamur, que esta primavera proyectó imágenes de Franco en la fachada de su castillo, exaltan la represión política que pisoteó con impunidad los derechos humanos de los españoles que no comulgaban con un régimen ilegal y genocida.   Pero España, a diferencia de Alemania respecto del nazismo, sigue sin juzgar la apología del franquismo tras 40 años de democracia. “El código penal alemán tipifica la apología del nazismo como un delito, algo que no sucede en el caso español”, explica a VICE News Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. De acuerdo con Carlos Slepoy, experto en Derecho Penal Internacional y representante de un grupo de querellantes en el proceso judicial que la magistrada argentina María Servini de Cubría inició contra el franquismo y algunos de sus exaltos cargos, la diferencia es que “el franquismo no fue derrotado y que, hasta hoy, ningún tribunal lo ha condenado por crímenes de guerra o de lesa humanidad” como sucedió en el caso del nazismo. El Tribunal de Nuremberg — que condenó a la horca y a cadena perpetua a altos cargos del III Reich — probó, explica Ibarra, que el régimen liderado por Adolf Hitler se sustentaba en una ideología racista y supremacista”. Su inclusión como delito en el código penal alemán se ampara en esta sentencia, explica el presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Para que en España pasara algo similar y teniendo en cuenta la inacción del sistema judicial español al respecto “sería necesario que el Tribunal Penal Internacional, un tribunal ad hoc como el que juzgó el genocidio de Ruanda o el tribunal de cualquier país amparándose en la justicia internacional condenara el franquismo y a sus responsables por crímenes imprescriptibles — como lo son los crímenes de guerra, contra la paz o de lesa humanidad —, precisa Ibarra. Slepoy considera que un fallo como el descrito por Ibarra allanaría el camino para penar cualquier manifestación de apología del régimen dictatorial. Si el franquismo es considerado como una ideología criminal que incita al odio, su enaltecimiento también lo sería. El letrado sostiene, sin embargo, que si hubiera voluntad política también podría incorporarse el ensalzamiento del franquismo como delito en el código penal sin necesidad de que hubiera jurisprudencia en la materia. En este sentido, se refiere a la tipificación de enaltecimiento al terrorismo que sí recoge de forma explícita este conjunto de normas punitivas. Con todo, Slepoy opina que nada de esto ha sido posible “debido al hecho de que todavía hay jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que simpatizan con esta ideología y políticos herederos del franquismo” que ponen trabas a la justicia internacional. Lo cierto es que, recientemente, el ejecutivo del PP se negó a extraditar a Argentina a parte de los 19 investigados por torturas y homicidios en la causa que instruye Servini contra el franquismo pese a las instancias de la ONU para que el gobierno español accediera a la petición de la magistrada. Tampoco sirvió de nada la instrucción que envió la jueza al Ministerio de Justicia del gobierno popular para interrogarlos en España el pasado mes de abril. El ejecutivo mantuvo que la ley otorga a España la competencia para enjuiciar a sus propios ciudadanos, que la materia investigada había prescrito y que buena parte de los supuestos delitos penales no eran considerados como tales cuando se llevaron a cabo. Así y con el amparo en la Ley de Amnistía de 1977 el gobierno ha conseguido hasta ahora evitar la reapertura de cualquier debate relativo al franquismo, aunque lo cierto es que dicha legislación vulnera todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por España. “Si ni siquiera se permite juzgar a los responsables, condenar el enaltecimiento de la ideología franquista parece aún más improbable”, lamenta el letrado. No le falta razón a Slepoy. En octubre de 2013, el PP rechazó incluir la apología del franquismo como delito en la reforma del código penal impulsada por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. =&0=& Twitter: @MariaAltimira Fuente: Vice News http://www.ecorepublicano.es/2016/09/por-que-en-espana-no-se-juzga-la.html

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LOS DOCUMENTOS SECRETOS QUE LA UE OCULTA AL PARLAMENTO EUROPEO

Los presidentes de la Comisión y del Eurogrupo crearon la trama de fraude fiscal masivo para las multinacionales

Juncker y Dijsselbloem ampararon personalmente a grandes corporaciones para ayudarles a evadir impuestos, perjudicando al resto de países de la UE en beneficio de Luxemburgo y Holanda, y luego bloquearon todos los intentos de la Comisión Europea por corregir ese sistema impositivo que defraudó miles de millones de euros a las arcas públicas.

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Jean-Claude Juncker y Jeroen Dijsselbloem, quien sucedió al primero al frente del Eurogrupo. REUTERS

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CARLOS ENRIQUE BAYO
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Ecologistas pide información a administraciones por la instalación de una planta de tratamiento de mercurio en Almadén

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En nota de prensa, la organización ha indicado recibir “con preocupación” la noticia de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha autorizado a Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. Enviado por: ECOticias.com / Red / Agencias

Fecha de publicació: 08/11/2017, 12:43 h | (26) veces leída

Ecologistas pide información a administraciones por la instalación de una planta de tratamiento de mercurio en Almadén
Ecologistas en Acción ha pedido información al Ministerio de Industria, a la Viceconsejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y al Ministerio de Medio Ambiente sobre la instalación en Almadén de una planta de estabilización para el tratamiento y almacenamiento del mercurio procedente de diferentes procesos industriales que ya no se puede utilizar. En nota de prensa, la organización ha indicado recibir “con preocupación” la noticia de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha autorizado a Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. (MAYASA) a invertir casi tres millones de euros en la instalación de dicha planta. “Si bien en teoría la tecnología de estabilización de MAYASA (proyecto MERSADE) es la única que solidifica y encapsula el mercurio y debería ser más segura para un almacenamiento a largo plazo, cabe destacar que este método solamente ha sido probado a escala de laboratorio”, han advertido. No obstante, para Ecologistas el problema fundamental es saber con exactitud qué tipo de residuos pueden estabilizarse con garantías con esta tecnología. Tras alertar de que existe una amplia diversidad de residuos que contienen mercurio, y que por tanto, además de mercurio pueden contener otros contaminantes inorgánicos y orgánicos de elevada toxicidad, han recordado el “lamentable historial de MAYASA en cuanto a tratamiento de residuos peligrosos, entre otros el irresponsable abandono a finales de los años 1980 de 12.000 toneladas de residuos de compuestos de mercurio y de otros contaminantes de alta toxicidad, no siempre identificados, procedentes de fábricas de todo el mundo”. Por todo ello, la organización proteccionista ha solicitado información detallada a la empresa Minas de Almadén, al Ministerio de Industria, a la Viceconsejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y al Ministerio de Medio Ambiente sobre los resultados de pruebas de la tecnología a utilizar, realizadas a escala piloto y la caracterización detallada de los residuos a tratar, incluyendo los procesos de origen y composición. De igual modo, quieren conocer el procedimiento de control que se implantará para garantizar que únicamente se trasladarán a Almadén y se tratarán los residuos adecuados.

Ecologistas en Acción ha pedido información al Ministerio de Industria, a la Viceconsejería

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